Exequatur Madrid

Res iudicata (en latín) es decir “cosa juzgada”. De este principio general del Derecho deriva la necesidad de crear la figura del “Exequatur”. Cuando una sentencia judicial se ha pronunciado sobre un objeto, debe existir firmeza y no puede ser modificada por otra (salvo revisión por tribunales superiores jerárquicos). Se fundamenta en los principios de certeza jurídica, estabilidad de derechos y seguridad jurídica.

Por lo tanto, si un país juzga un asunto y emite un pronunciamiento judicial, el resto de países deben reconocerlo para evitar la apertura de un nuevo procedimiento. Lo que tendría múltiples inconvenientes, como la discrepancia entre tribunales, creación de múltiples sentencias sobre un mismo objeto e incertidumbre jurídica.

Homologar una sentencia extranjera puede crear algunas dificultades (subsanables), como por ejemplo la diferencia de idioma. En ese caso, cuando se incorpora la sentencia a la demanda, se deberá incorporar también traducción jurada al castellano de la misma. Para así facilitar la labor de los funcionarios del juzgado, que podrán comprobar fácil y fehacientemente cuál es el contenido del texto extranjero.

Abogado Exequatur

Otro reto que se suele presentar con el exequátur es la notificación a una de las partes que figuran en la sentencia. Sobretodo cuando hay que realizarla por comisión rogada a un país extranjero. De nuevo aparece la necesidad de realizar traducción de documentos. Y además hay que pasar satisfactoriamente el trámite recepción de la notificación, “no oposición” de la otra parte y de nuevo notificación favorable al que promueve el exequátur en España. Por ello lo más conveniente es que se presente la demanda con un poder para pleitos otorgado por ambas partes. Y así nos ahorramos las notificaciones que sólo ralentizan el proceso.

Uno de los mayores problemas nos encontramos cuando ejecutamos un exequátur es la falta de reconocimiento entre los tribunales de ambos países. Bien es cierto que la mayoría de países civilizados tienen tratados en materia de colaboración jurídica para, entre otras necesidades (como la extradición de un condenado), facilitarse recíprocamente este cometido. Pero aún existen algunos países, pequeños en su mayoría que, por desavenencias políticas generalmente, no reconocen la autoridad judicial española.